¿Qué es la Ley de Consultas del Parlament de Catalunya?

La ‘Ley de Consultas’ de Cataluña, de acuerdo con el Estatuto y la Constitución, tan sólo se podrá preguntar a los ciudadanos sobre aspectos de la vida pública de Cataluña y acerca de los entes locales. Es de carácter consultivo.

El pasado 16 de julio de 2014, el Parlamento de Cataluña aprobó la ‘Ley de Consultas’, que más tarde se envió al Consejo de Garantías con el principal objetivo de certificar la adecuación al Estatuto y a la Constitución de España. La ‘Ley de Consultas’ de Cataluña llegó a la Cámara donde fue aprobada por la gran mayoría de los partidos políticos, excepto por el Partido Popular y Ciudadanos.

La ‘Ley de Consultas’ que llevará a cabo Artur Mas, de acuerdo con el Estatuto y la Constitución, tan sólo podrá preguntar a los ciudadanos sobre aspectos de la vida pública de Cataluña y acerca de los entes locales.

Es por ello que la consulta del ‘9-N’ quedaría fuera del ámbito de la competencia del gobierno de Cataluña. Según dictó el Decreto Real de España, la consulta que tenía previsto realizar el presidente de Cataluña se lelvaría a cabo aún sabiendo que es totalmente ilegal ya que no se recoge en la Constitución de España.

De forma más concreta, la Generalitat de Catalunya quería preguntar aspectos sobre de la vida pública de Cataluña y acerca de los entes locales, acordado todo con CiU, ERC, ICV y CUP, a través de la siguiente pregunta: “¿Quiere que este Estado sea independiente? Sí o no”.

En el caso de celebrarse la consulta en Cataluña no tendría ningún tipo de consecuencias ya que la consulta es de carácter no refrendario, es decir, se trata de una consulta no vinculante y sin ningún tipo de consecuencia jurídica.

El Gobierno de España impugnó la ley ante el Consejo de Estado y, posteriormente, el Tribunal Constitucional se reunió de urgencia para confirmar la suspensión de la Ley, que permanece a día de hoy.  Tras la suspensión, la Generalitat de Catalunya paró su campaña promocional de la consulta pero no cesó en su intento de mantener el 9N para que los ciudadanos catalanes votaran.

Es por ello que, acogiéndose a la legislación vigente en términos de procesos de participación, anunció que mantendría el 9N con un carácter participativo, conservando las urnas y las votaciones pero con un proceso diferente, con la participación de voluntarios y en locales propiedad de la Generalitat.

El Gobierno de España baraja la posibilidad de impugnar de nuevo el proceso, cuando solo queda poco más de una semana para la celebración de las votaciones.

VÍA/ ABC

FOTO/ Stasiu Tomczak

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